Verificar los expedientes de 880 menores marroquíes no acompañados para repatriarlos y construir centros en Marruecos para atenderlos. Son las medidas aprobadas en un encuentro entre los gobiernos español y marroquí que no gustan a ONG.
Cuando un menor inmigrante llega solo a territorio español, la policía lo recoge y, a falta de documentos que lo verifiquen, le realiza una prueba ósea para comprobar su edad y que realmente se trata de un chico o chica con menos de 18 años, como indica el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados (pdf) del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Si el joven tiene 18 años o más se aplica la Ley de Extranjería, pero si finalmente se constata que es menor de edad se declara en situación de desamparo y pasa a estar tutelado en un centro por el gobierno de la comunidad autónoma. Los centros de acogida tienen la obligación de velar por ellos, atenderlos y facilitar que aprendan el idioma de acogida y que puedan formarse en un oficio o estudiar para que, al cumplir los 18 años y tener que dejar el centro, estén encaminados para encontrar un trabajo y poder vivir por su cuenta. Pero según varias organizaciones, no siempre es así.
Sólo en Andalucía, donde la Junta advierte de la falta de recursos para atender a todos los menores inmigrantes no acompañados, 880 chicos marroquíes ya tienen terminado su expediente de devolución y están a la espera de que los cónsules marroquíes lo verifiquen para proceder a su repatriación. El Gobierno marroquí se ha comprometido a realizar una “rápida verificación” durante la reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano-Marroquí sobre inmigración, que ha tenido lugar en Toledo el 9 de julio.
880 menores marroquíes ya tienen terminado su expediente de devolución en Andalucía y esperan a que los cónsules marroquíes lo verifiquen para proceder a su repatriación
En la reunión estuvieron presentes representantes de ambos gobiernos y, en calidad de oyentes, miembros de los gobiernos de Canarias y Andalucía, comunidades en las que la presencia de menores inmigrantes no acompañados es más importante. Precisamente hace unos días, la Junta andaluza hablaba de la existencia de “verdaderos” menores extranjeros no acompañados pero también de “falsos”. Estos últimos serían, según el Gobierno andaluz, los menores que llegan solos a España y que proceden de una familia “normalizada”, por lo que no se les consideraría en situación de desamparo y deberían acogerse a la repatriación.
“Hasta ahora la Junta ha sido prudente e inteligente y, a diferencia de otros gobiernos como el de Madrid y Cataluña que han llevado a cabo repatriaciones ilegales, no ha repatriado a ningún menor en los últimos tres años. Pero nos asustan las declaraciones que dicen que el Gobierno andaluz está desbordado y que la falta de recursos puede ser motivo de repatriación”, afirma Brigitte Spuche, coordinadora del área de menores inmigrantes no acompañados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Como explica esta organización, Andalucía se encuentra ahora en esta situación porque hace dos años cerraron centros de menores para apostar por la acogida familiar. “La experiencia no funcionó y deberían reabrir los centros”, explica Brigitte Spuche.
¿Qué pasa cuando no hay plazas de acogida?
Sólo en Andalucía se calcula que hay unos mil menores inmigrantes no acompañados. La cifra también es alta en Canarias, Melilla, Ceuta, Cataluña y la Comunidad de Madrid, pero los recursos no son igual en todos los lugares.
A Madrid han llegado en los últimos meses 80 menores subsaharianos que en Canarias vivían en campamentos habilitados para ellos. Llegaron a Canarias el año pasado en un momento en que la comunidad llegó a acoger a mil menores inmigrantes no acompañados. El Gobierno decidió trasladar parte de los chicos a otras comunidades autónomas y también ofreció a las ONG acoger a varios.
La asociación Colectivo La Calle es la entidad que ha acogido en Madrid a los 80 chicos. Como explica Fernando Saleta, presidente de la entidad, los menores viven en varias casas de acogida repartidas por toda la comunidad junto a los educadores sociales. En cinco de los pisos, además, existe la figura del ‘mediador’, “una figura inventada que la ocupan chicos subsaharianos que al cumplir la mayoría de edad se quedan a vivir en los pisos de acogida y hacen de puente entre los chavales y los educadores”.
“Muchos chicos que estaban tutelados al cumplir los 18 pasan, de repente, a ser inmigrantes irregulares”
En el caso de los chicos acogidos por el Colectivo La Calle, los menores tienen en su mayoría entre 13 y 15 años, aunque uno ya ha cumplido los 18 y varios lo harán en unos meses. En este contexto, Fernando Saleta dice que lo ideal sería que, al dejar los centros tutelados al tener 18 años, los jóvenes tuvieran su documentación completa, pero en el día a día no es así. Entre las razones destaca que “el papeleo para pedir el permiso de residencia no se pone en marcha hasta que los menores llevan nueve meses tutelados”. Por eso, advierte, “muchos chicos que estaban tutelados al cumplir los 18 pasan, de repente, a ser inmigrantes irregulares”.
En Canarias, por ejemplo, “al hacer los 18 años el permiso de residencia caduca y hay sólo tres meses para renovarlo”, añade María Tamarro, que trabaja con la asociación Colectivo La Calle en las islas. Desde enero de este año, esta organización tiene en Lanzarote un piso con ocho plazas para jóvenes inmigrantes mayores de edad, a los que apoya en la gestión del permiso de trabajo y residencia y en la búsqueda de empleo, entre otras cosas.
¿Repatriar en centros de acogida?
Como señala Brigitte Spuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, cuando no hay suficientes plazas para los menores en una comunidad se llevan a cabo cuatro acciones. Dos de ellas son buscar a familiares en España para su reagrupación y dispersarlos a otra comunidad autónoma.
La tercera vía es buscar a la familia de origen, “hacer un informe social y ver si la familia quiere recuperar al menor”, aunque según Spuche, “muchas familias dicen que no porque no pueden hacerse cargo de él y piensan que aquí tendrán un futuro mejor”. A estas soluciones se suma también una repatriación “sin garantías en la frontera” o que dejan a los menores en centros de Marruecos.
En esta línea, entre los acuerdos alcanzados entre los gobiernos español y marroquí en la reunión en Toledo destaca el seguir trabajando de manera conjunta para construir centros en Marruecos que puedan acoger menores repatriados. Esta iniciativa se puso en marcha en diciembre de 2003 con la idea de construir varios centros en ciudades como Nador, Marrakech y Tánger y con las críticas de entidades como Unicef.
Quien ya ha puesto en marcha un programa similar en Marruecos es la Generalitat de Cataluña, que la semana pasada firmó un acuerdo de colaboración con este país para impulsar el proyecto Cataluña-Tánger.
La idea del proyecto es que los menores inmigrantes que están en Cataluña puedan volver a Tánger para formarse en áreas como la construcción y la hostelería, siempre contactando primero con las familias para que den el visto bueno. Los chicos que tienen las familias en Tánger volverían con ellas, mientras que los que la tienen fuera irían a pisos gestionados por el programa.
La iniciativa cuenta con el apoyo de ONG como el Casal dels Infants del Raval, que defiende el proyecto porque, en su opinión, los jóvenes inmigrantes no acompañados que viven en Cataluña “deben poder optar a un regreso voluntario” y con garantías y derechos como la educación. Según Lluís Mas, miembro del Casal y que acaba de volver de Marruecos para comprobar el funcionamiento del proyecto, se trata de “un modelo de retorno voluntario que tiene cuenta el interés del menor”.
“Un menor está mejor en su entorno social y familiar”, añade Mas, que reconoce que en otras ocasiones las repatriaciones hechas por parte de la administración catalana y del resto del Estado “no se han hecho bien”.
Para la APDHA, sin embargo, construir centros en Marruecos es “una barbaridad porque sólo servirá para la externalización de las fronteras europeas”. “Se han invertido 7 millones de euros en la construcción de los centros y tendrán unas 200 plazas”, añade Brigitte Spuche, que señala que las 200 plazas serían insuficientes ya sólo para acoger a los más de 800 menores que podrían ser repatriados desde Andalucía.
En esta línea, Spuche también recuerda que para que un menor sea repatriado “su opinión debe constar en acta” porque así lo recoge la Ley del Menor, que es “la que se debe aplicar a los menores inmigrantes no acompañados, en lugar de la Ley de Extranjería”.
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