El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón expresó este viernes que apoya la posición del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respecto a la llamada Directiva del Retorno, aprobada esta semana por la Unión Europea (UE), la cual criminaliza a los inmigrantes indocumentados y ordena su encarcelamiento hasta por 18 meses.
El magistrado, quien ha sido crítico del presidente venezolano en varias oportunidades, dijo que escuchó afirmaciones suyas que, "puliéndolas de su retórica habitual, se pueden suscribir".
El juez manifestó que la Directiva de Retorno de Inmigrantes Ilegales es "una regresión fruto del período de crisis en el que estamos y fruto de la imprevisión de la mayoría de los gobiernos", y agregó que Europa camina hacia un modelo de tratamiento de la inmigración que no es el "que debe de existir".
Para Garzón, "la ampliación a 18 meses de retención, sin control judicial y posibilidad de expulsión a países que no son de origen, incluso de menores, es altamente problemática" por lo que cree que algo tendrán que decir tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Comprendo los problemas -insistió-, pero es muy preocupante lo que se está viendo en algunos países como Italia; lo que se está viendo con la última directiva europea", dijo el juez, aunque expresó su confianza en "el buen juicio de los gobiernos locales, entre ellos el español" .
El Parlamento Europeo adoptó el miércoles nuevas reglas draconianas contra la inmigración ilegal, que incluyen un máximo de detención de 18 meses antes de la expulsión y una prohibición durante cinco años de volver a entrar en Europa, medidas que despertaron la indignación de los grupos de defensa de los derechos humanos.
La directiva, que podría entrar en aplicación en 2010, obligará a las autoridades de los 27 países miembros de la UE a elegir entre dar permisos de residencia al cerca de medio millón de personas que cada año llega ilegalmente a Europa o devolverlos a sus países de origen.
La aprobación de esta ley desató un amplio rechazo en Latinoamérica, donde además de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil denunciaron las nuevas medidas europeas.
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El juez Garzón estimó que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrán que pronunciarse sobre esta directiva ''altamente problemática'', aprobada el miércoles por el Parlamento Europeo.
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